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Venezuela y una sentencia de muerte al espacio cívico

El 24 de enero, Venezuela aprobó en comisión -en la Asamblea Nacional- el proyecto de “Ley de Fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. La reforma del marco que regula a estas entidades estaba en la mira del Gobierno desde hacía años, pero nunca antes había avanzado tanto. Si bien la probabilidad de sanción es incierta, el diagnóstico del fenomenal impacto que podría tener en el espacio cívico es un hecho. 

Decir qué entendemos por espacio cívico debería ser el primer paso para entender qué riesgos están enfrentando las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Tomando la definición de la ONU, el espacio cívico es el contexto político e institucional que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades. 

Puede sonar abstracto pero es bien palpable: la apertura del espacio cívico es una condición fundamental del sistema democrático. En su informe de 2023, el Monitor de Civicus ubicó a Venezuela, Cuba y Nicaragua entre los países donde el espacio cívico está cerrado. 

¿Qué dice el proyecto de ley y cuáles son los riesgos para la sociedad civil? 

El texto fue presentado por Diosdado Cabello en 2023, pero el “debate” se reactivó súbitamente en enero de 2024 luego de que el presidente de la Asamblea lo listara entre las prioridades de la agenda legislativa de este año. 

A mediados de mes hubo un llamado a “consulta pública” que poco tuvo de consulta ni de pública, dado que el contenido de lo que iba a ser sometido a discusión no se puso en conocimiento de la sociedad. Dos semanas después, se aprobó en comisión a libro cerrado en una reunión flanqueada por un operativo de seguridad. Los alcances del texto que compartimos aquí son extraoficiales dado que el dictamen no había sido publicado en la página web de la Asamblea Nacional al cierre de la edición de febrero del Civic Space Guardian.

• – Todas las personas constituidas como asociaciones civiles y fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, incluyendo las que trabajan de hecho, quedarán obligadas a cumplir con las disposiciones del proyecto. En esta definición podrían entrar entidades tan diversas como organizaciones de la sociedad civil, religiosas, educativas o deportivas.
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• – Todas las asociaciones civiles van a tener que inscribirse en 4 registros diferentes. Además, las que trabajen en más de un estado van a tener que inscribirse en cada uno de ellos. Se estima que entre el fin del trámite de inscripción y el inicio de la renovación podría haber apenas 6 meses.
  

• – Las asociaciones estarán obligadas a informar y registrar estatutos, designación de su comisión directiva, inventario de bienes y su origen, balances y libros contables, estados financieros, actas de las asambleas, régimen disciplinario, donaciones recibidas y sus fuentes, además de sus beneficiarios.

La expulsión de la oficina de Derechos Humanos de la ONU

Este cuadro de situación del espacio cívico no puede soslayar un hecho ocurrido el 15 de febrero: la expulsión del país de los funcionarios de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. El ACNUDH había condenado la detención de la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, acusada de intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro.